USA controla a América Central con la 'lista Engel'

Las listas de Estados Unidos son una especialidad de la casa. El país las promueve para encasillar a Gobiernos que no se disciplinen a su política global. Las más conocidas son las de aquellos países que considera 'patrocinadores del terrorismo' (Cuba, Irán, Corea del Norte y ahora impulsa el mismo status para Rusia). Por otro lado, están aquellas donde se incluye a los países que denomina 'narco-estados' (Venezuela es su blanco principal). Pero además mantiene otras para regiones específicas.

Cuando se creó la llamada lista Engel el 27 de diciembre de 2020 – en rigor, una ley que toma su nombre del excongresista demócrata estadounidense Eliot Engel – apuntó al llamado Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. La Ley de Compromiso Reforzado entre los Estaods Unidos y el Triángulo Norte, es una herramienta para contrarrestar la corrupción en la región centroamericana. Funcionarios de esas tres nacionalidades que hubieran participado en prácticas corruptas o antidemocráticas según la mirada de EE UU, serían sancionados de diversas formas. Hasta la fecha, 63 personas de estos tres países (la gran mayoría funcionarios públicos en activo) han sido incluidos en la lista.

El último en incorporarse a la lista es el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, extraditado a Washington el jueves pasado, quien se enfrenta a un juicio por narcotráfico a gran escala. Esto reabre el debate: ¿Cuál es el alcance de la superpotencia estadounidense para imponer sus propias leyes a nivel mundial? ¿Hasta dónde llega el poder coercitivo de las listas que elabora con países soberanos y las personas que considera extraditables?

La lista Engel no es otra herramienta que la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte votada en el Congreso de Estados Unidos. Su autor tuvo una trayectoria de 32 años en el Parlamento y en 2020 cuando su partido perdió las Primarias, salió del Congreso pero su norma se aprobó. Su proyecto no era nuevo. Lo había presentado sin éxito en mayo de 2019.

La ley es prima hermana de la estrategia omnipresente del Comando Sur que se define como "Promesa duradera para las Américas". La estrategia va orientada hacia las acciones militares de EE UU, en principio, para contrarrestar las amenazas en América Latina y el Caribe y establecer vínculos sólidos para la seguridad con los distintos Gobiernos de la región.

Esta doctrina coloca la corrupción al mismo nivel que otras amenazas para la seguridad nacional de

EE UU:el narcotráfico, las migraciones, los crímenes violentos y la influencia nociva de los estados.

Una interpretación posible de la aplicación de esta norma es que sirva como ejemplo para disuadir a las naciones que conforman el Triángulo Norte. Realmente, esta ley se ha aprobado para llegar a las causas de la migración irregular de centroamericanos hacia EE UU. Por lo tanto, con este nuevo fichaje a la lista, EE UU reafirma buscar aliados y el compromiso necesario de estos países para evitar la inmigración masiva hacia Estados Unidos. Un problema derivado del deterioro de la situación socio-económica y la violencia que trae aparejada en este territorio.

El caso del expresidente Hernández es paradigmático. Hasta el 1 de julio de 2021 no había sido incluido en la lista Engel, aunque ya entonces se le acusaba por delitos de narcotráfico. Su hermano Juan Antonio 'Tony' Hernández cumplía condena a cadena perpetua en EE UU desde marzo del año último por el mismo delito. Por tanto, se ha cerrado el círculo sobre el político ahora extraditado que había gobernado durante los últimos 8 años en Honduras, bajo el visto bueno de Washington.

La inclusión en la lista Engel de Hernández y otros funcionarios actuales de El Salvador y Guatemala se enmarca en los fundamentos de la ley de 2020. Existen tres causas por las que se puede entrar en la lista: ciudadanos extranjeros que, con conocimiento de causa, son partícipes de acciones que socavan procesos democráticos; los que intencionalmente participen en casos de "corrupción significativa" y los que obstruyan investigaciones de lavado de activos, soborno, corrupción y extorsión, entre otros delitos.

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